Abong assina nota conjunta do Centro de Estudios Legales y Sociales em denúncia às violações dos direitos humanos no Chile e Equador. Confira:

No se protege a la democracia cuando se la suspende de hecho

140 organizaciones de América latina se unen para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Chile y Ecuador

Los estados de excepción, toques de queda y militarización son respuestas autoritarias que disponen la suspensión de derechos y ocasionan graves violaciones. No resuelven los conflictos sociales y ponen en riesgo décadas de construcción democrática, que buscaron desterrar justamente aquellas prácticas.

Foto: @mu.lavaca

América Latina es la región más desigual del mundo, en la que las mayorías sufren de forma desproporcionada los costos de políticas que restringen el acceso a derechos y benefician a los mercados a corto, mediano o largo plazo. En estos momentos, en algunos países de la región aumenta la desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado. Además de la gravísima declaración de estados de emergencia en Ecuador y Chile, la figura sobrevuela también en otros países ante situaciones diversas.

En Ecuador, las protestas escalaron luego de que el gobierno negociara con el FMI medidas que no tuvieron ningún mecanismo de participación o consulta ciudadana, como la quita del subsidio a los combustibles, que implicaron la suba del costo de vida y el consecuente descontento social. El 4 de octubre, el presidente Lenín Moreno trasladó el gobierno de Quito a Guayaquil y anunció un estado de excepción en todo el territorio por sesenta días. Con el decreto movilizó a las Fuerzas Armadas, suspendió los derechos de libertad de asociación y reunión y limitó la libertad de tránsito las 24 horas. Las protestas siguieron durante otros diez días y la represión policial y militar dejó al menos ocho muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El nivel de conflicto cedió –por la facilitación de Naciones Unidas y de la conferencia episcopal– cuando el presidente Moreno dejó sin efecto la quita de los subsidios el pasado 13 de octubre. El 14 de octubre se levantó el estado de excepción y toque de queda, pero en los días siguientes avanzó la criminalización de dirigentes políticos y sociales con acusaciones judiciales de rebelión e insurrección, y órdenes de detención.

El 18 de octubre, el conflicto social hizo eclosión en Chile. Este país cuenta con una de las tasas más elevadas de desigualdad de la región, marcos constitucionales heredados de la dictadura militar y un índice de alrededor del 60% de abstención electoral, el más alto de América Latina. Las protestas se iniciaron contra el aumento de las tarifas del metro, lo que resonó en la acumulación de demandas sociales de amplios sectores, con masivas manifestaciones, quemas y saqueos en todo el país. Tal como en Ecuador, la respuesta del presidente Sebastián Piñera fue decretar el estado de emergencia y el toque de queda en numerosas regiones y localidades, incluida la capital. Como consecuencia, circulan tanques por la ciudad, las fuerzas armadas salieron a las calles con la atribución de realizar detenciones, en un marco de restricción de los derechos fundamentales. En este contexto de militarización se registran denuncias graves de tortura y violencia sexual en las detenciones. Al 27 de octubre, está confirmada la muerte de 19 personas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asume que al menos 5 fueron causadas por carabineros y militares. Las cifras del INDH, en constante actualización, indican que hubo 3193 detenciones –343 son niñas, niños y adolescentes– y que, entre los más de 1000 heridos registrados, al menos 570 recibieron disparos de diferentes tipos de arma.

Los estándares internacionales de derechos humanos determinan que hechos de violencia en el marco de una protesta jamás pueden invocarse para caracterizarla como violenta en su totalidad. Los contextos de protestas extendidas en general suponen situaciones de conflictividad y tensión. Se etiquetan ampliamente estas situaciones como “no pacíficas” para negar los derechos que protegen a la protesta social y a los manifestantes. La mirada totalizante sobre la protesta como violenta no debe desdibujar sus reclamos de fondo: las inequidades y carencias sociales crecientes en una región que hace décadas se esfuerza por consolidar sus democracias.

Al contrario, la fortaleza de las democracias se despliega en su posibilidad de articular y canalizar políticamente el conflicto. Asumir respuestas de excepción y suspensión de derechos para responder a la conflictividad social amenaza al Estado de derecho.

Como organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de América Latina:

Solicitamos el cese inmediato de los estados de excepción y emergencia y los toques de queda en Ecuador y Chile y el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.

Reiteramos la obligación de los Estados de investigar las muertes y otras violaciones de derechos humanos de manera pronta, efectiva e imparcial, y de no criminalizar la protesta social.

Llamamos a la OEA y a la ONU y a sus mecanismos de protección de derechos humanos a tomar una clara posición sobre la habilitación de medidas de excepción y suspensión de derechos.

Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones de otros líderes de la región respecto del posible uso de este tipo de medidas como respuesta a conflictos políticos y sociales, que terminan erosionando la legitimidad de los procesos democráticos y de los proyectos populares.

          Argentina

  1. Abogades en Cooperativa
    2. ANDHES – Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales
    3. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina – A.P.D.H
    4. Asociación de Abogados Laboralistas
    5. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
    6. Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva)
    7. Asociación de Congoleños de Argentina – ACDA
    8. Asociación Docentes Artistas Investigadores de la Universidad Nacional de las Artes
    9. Asociación Lola Mora
    10. Asociación del Personal Legislativo (APL)
    11. ATE Capital
    12.Athenea de Haras
    13. Biblioteca Popular Crisálida de género y diversidad afectivosexual de Tucumán
    14. Campaña Migrar no es Delito
    15. Catamarca contra la Tortura y la represión estatal
    16. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    17. CLADEM Argentina
    18. Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL)
    19. Colectivo YoNoFui
    20. Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz -MECoPa
    21. Colectiva Andina
    22. Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
    23. Comisión de la Memoria del Barrio de Billinghurst
    24. Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina
    25. CTA Autónoma
    26. CTA de los Trabajadores – Provincia de Buenos Aires
    27. Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba
    28. ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
    29. Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT) 30. Federación de Legislativos de Argentina (FELRA)
    31. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
    32. Frente TLGBI de la Provincia de Buenos Aires
    33. Frente Patria Migrante – Argentina
    34. Frente Popular Dario Santillan
    35. Fundación Protestante Hora de Obrar
    36. Fundación MujeresxMujeres – Tucumán
    37. Inquilinos Agrupados
    38. Intercambios Asociación Civil
    39. Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración – IARPIDI
    40. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
    41. Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
    42. Instituto de Justicia y Derechos Humanos – UNLa
    43. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia – ILSED
    44. Instituto Prisma San Martin
    45. Intersindical de DDHH de la Argentina – CGT, CTA-A y CTA-T
    46. La 49 Tucumán
    47. Las Casildas
    48. Matria, instituto sobre cuestiones de género de Tucumán
    49. Mesa Nacional por la Igualdad
    50. Migrantes x Migrantes
    51. Movimiento Migrante Plurinacional
    52. Movimiento de los Pueblos Libres Ama Yunqo
    53. Mujeres Fuertes SMA
    54. Mujeres en Movimiento San Martin
    55. Museo de la Memoria de Rosario
    56. Nuestra América Profunda
    57. OTRANS Argentina
    58. Pastoral de Migraciones SMA
    59. Plataforma de Personas que Ejercen Trabajo Sexual
    60. Pueblo en Marcha
    61. Red de Abogadas Feministas
    62. Red de Migrantes y Refugiados en Argentina
    63. Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina
    64. Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina
    65. Red Viva, asociación civil
    66. Sindicato del Personal Civil de las FFAA de la República Argentina (PECIFA)
    67. Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju RA)
    68. Suteba — Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
    69. Xumek, Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos

    Brasil

    70. Associação Brasileira de ONGs (Abong)
    71. Associação Brasileira de Saude Mental – ABRASME
    72. Artigo 19
    73. Brigadas Populares
    74. Central de Cooperativas Unisol Brasil
    75. Coletivo A Revolta da Lâmpada
    76. Coletivo de Juventude Juntos
    77. Coletivo Somos Natureza
    78. Conectas Direitos Humanos
    79. FIAN Brasil
    80. Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
    81. Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
    82. Instituto Vladimir Herzog
    83. Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
    84. Justiça Global
    85. Movimento Bancada Ativista
    86. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)
    87. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
    88. Muitas pela Cidade que Queremos – Belo Horizonte
    89. Rede Emancipa de Educação Popular
    90. Resistencia Antifascista Joseense, São José dos Campos, SPChile91. Observatorio Ciudadano
    92. Clínica de Migrantes y Refugiados – UDP
    93. Corporación Humanas
    94. Movimiento Acción MigranteColombia95. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” CAJAR
    96. Elementa DDHH
    97. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
    98. Movimiento de Mujeres por la Paz

    Ecuador

    99. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
    100. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
    101. Corporación Humanas EcuadorEl Salvador

    102. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD Guatemala
    103. Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG).

    Honduras

    104. Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras – COFAMICENH
    105. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras

    México

    106. CAFAMI A.C.
    107. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
    108. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
    109. Elementa DDHH
    110. FIAN México

    111. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (de México)
    112. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

    Paraguay

    113. Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC)
    114. Iniciativa Amotocodie

    Perú

    115. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
    116. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
    117. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH
    118. Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – EQUIDAD
    119. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
    120. Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
    121. Paz y Esperanza

    Uruguay

    122. Asociación Civil El Abrojo
    123. Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay – CDNU

    Regionales e internacionales

    124. Articulación Feminista MARCOSUR
    125. Asociación Rumiñahui (Madrid, España)
    126. Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
    127. Bloque Latinoamericano sobre Migración
    128. Comité de América Latina y el Cribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
    129. Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y El Caribe (CONTLAC)
    130. FIAN Internacional
    131. Greenpeace (Oficina Andina)
    132. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA
    133. Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era – DAWN
    134. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
    135. Red de Género y Comercio
    136. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
    137. Robert F. Kennedy Human Rights
    138. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
    139. Tatu Latinoamericana
    140. WOLA (Washington Office on Latin America)

Centro de Estudios Legales y Sociales
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A democracia não está protegida quando está suspensa

140 organizações na América Latina se reúnem para denunciar as violações dos direitos humanos no Chile e no Equador.

Os estados de exceção, toque de recolher e militarização são respostas autoritárias que preveem a suspensão de direitos e causam graves violações. Eles não resolvem conflitos sociais e colocam em risco décadas de construção democrática, que procuravam superar exatamente essas práticas.

A América Latina é a região mais desigual do mundo, onde a maioria sofre desproporcionalmente os custos de políticas que restringem o acesso a direitos e beneficiam os mercados no curto, médio ou longo prazo. No momento, em alguns países da região, aumenta a desconfiança em relação aos partidos políticos e às instituições do Estado. Além da declaração muito grave dos estados de emergência no Equador e no Chile, há uma ameaça deste cenário em outros países por diversos motivos.

No Equador, os protestos aumentaram depois que o governo negociou com o FMI medidas que não possuíam nenhum mecanismo de participação ou consulta cidadã, como a remoção do subsídio ao combustível, o que implicou o aumento do custo de vida e o consequente descontentamento social. Em 4 de outubro, o presidente Lenín Moreno transferiu o governo de Quito para Guayaquil e anunciou um estado de emergência em todo o território por sessenta dias. Com o decreto, ele mobilizou as Forças Armadas, suspendeu os direitos de liberdade de associação e reunião e limitou a liberdade de trânsito em 24 horas. Os protestos continuaram por mais dez dias e a repressão policial e militar deixou pelo menos oito mortos, 1340 feridos e 1152 detidos, segundo dados da Ouvidoria do Equador. A gravidade do conflito diminuiu – devido à facilitação das Nações Unidas e à conferência episcopal – quando o presidente Moreno retrocedeu em relação à remoção de subsídios em 13 de outubro. Em 14 de outubro, o estado de exceção e toque de recolher foram suspensos, mas nos dias seguintes a criminalização de líderes políticos e sociais avançou com acusações judiciais de rebelião e insurreição e mandados de prisão.

Em 18 de outubro, o conflito social eclodiu no Chile. Este país possui uma das maiores taxas de desigualdade da região, marcos constitucionais herdados da ditadura militar e um índice de cerca de 60% de abstenção eleitoral, o mais alto da América Latina. Os protestos começaram contra o aumento das tarifas do metrô, que ressoou no acúmulo de demandas sociais de setores amplos, com manifestações massivas, incêndios e saques em todo o país. Como no Equador, a resposta do presidente Sebastián Piñera foi decretar estado de emergência e toque de recolher em várias regiões e localidades, incluindo a capital. Como consequência, tanques circulam por toda a cidade, as forças armadas foram às ruas com a atribuição de prender, em um cenário de restrição de direitos fundamentais. Nesse contexto de militarização, graves denúncias de tortura e violência sexual são registradas em detenções. Em 27 de outubro, a morte de 19 pessoas é confirmada e o Instituto Nacional de Direitos Humanos (NHRI) assume que pelo menos cinco foram causadas ​​por policiais e militares. Os números da NHRI, atualizados constantemente, indicam que houve 3193 detenções – 343 de crianças e adolescentes – e que, dentre as mais de 1000 lesões registradas, pelo menos 570 pessoas foram baleadas por diferentes tipos de armas.

Os padrões internacionais de direitos humanos determinam que atos de violência no contexto de um protesto nunca podem ser invocados para caracterizá-lo como violento em sua totalidade. Os contextos de protestos generalizados geralmente envolvem situações de conflito e tensão. Essas situações são amplamente rotuladas como “não pacíficas” para negar os direitos que protegem os protestos sociais e os manifestantes. A visão totalizante dos protestos como violentos não deve obscurecer suas reivindicações subjacentes: crescentes desigualdades e deficiências sociais em uma região que há décadas se esforça para consolidar suas democracias.

Pelo contrário, a força das democracias é demonstrada em sua capacidade de articular e canalizar politicamente o conflito. Assumir posições de exceção e suspensão de direitos para responder a conflitos sociais ameaça o Estado de direito.

Como organizações de direitos humanos, políticas e sociais na América Latina:

Solicitamos a cessação imediata dos estados de exceção e emergência e os toques de recolher no Equador e no Chile e a retirada das forças armadas das tarefas de segurança.

Reiteramos a obrigação dos Estados de investigar mortes e outras violações dos direitos humanos com prontidão, eficácia e imparcialidade, e não criminalizar protestos sociais.

Conclamamos à OEA e à ONU e seus mecanismos de proteção dos direitos humanos a tomar uma posição clara sobre o fortalecimento de medidas de exceção e suspensão de direitos.

Expressamos nossa preocupação com as declarações de outros líderes da região sobre o possível uso de tais medidas em resposta a conflitos políticos e sociais, que acabam corroendo a legitimidade de processos democráticos e projetos populares.