AI-5 NUNCA MAIS!

Abong assina nota contra as recentes declarações de Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5. Confira:

AI-5 NUNCA MAIS!

O desprezo pela democracia e seus princípios fundamentais se manifesta em declaração recente de Eduardo Bolsonaro. O deputado federal eleito por São Paulo afirmou que a reedição do Ato Institucional nº 5 seria um dispositivo do qual lançaria mão a fim de conter um possível cenário de “radicalização da esquerda no Brasil”.

Em 1968, o AI-5 institucionalizou a repressão e agravou severamente atos de censura, perseguição a oponentes políticos, prisões, torturas e execuções, além de ter determinado o fechamento do Congresso Nacional e Assembleias Estaduais. Foi o decreto responsável por minar as liberdades democráticas, resultando em 20 mil vítimas de tortura, mais de 400 mortes e desaparecimentos, sete mil pessoas exiladas e 800 prisões por razões políticas.

Ameaçar a ruptura da institucionalidade democrática, promover o avanço de medidas autoritárias e incentivar o apelo à barbárie, ainda que em cenário hipotético, é inadmissível em uma sociedade democrática. Essa atitude deve ser rechaçada e punida de forma rigorosa pelo conjunto dos cidadãos e cidadãs, atores políticos e instituições que zelam pelo Estado Democrático de Direito e acreditam que só há construção possível dentro da democracia.

Declarações dessa natureza por parte de lideranças políticas do governo federal ecoam desde o início do ano. Além disso, a recente afirmação dá sequência ao histórico de desapreço à democracia e elogios a períodos autoritários da história brasileira pelo Presidente da República.

Diferentemente do que diz Eduardo Bolsonaro, um país forte pressupõe um Estado democrático, instituições sólidas e indivíduos livres.

As organizações subscritas abaixo manifestam profundo repúdio e exortam democratas das mais diversas identidades políticas a expressarem igualmente seu rechaço a essa ameaça antidemocrática.

  1. Abong – Associação Brasileira Organizações Não Governamentais
  2. Ação Educativa
  3. Atados
  4. Agenda Pública
  5. Bancada Ativista
  6. BrCidades
  7. Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS
  8. Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC)
  9. Cidade Escola Aprendiz
  10. Conectas Direitos Humanos
  11. Delibera Brasil
  12. Departamento Jurídico XI de Agosto
  13. Educafro
  14. Engajamundo
  15. Fórum do Amanhã
  16. Fundação Avina
  17. Fundação Tide Setúbal
  18. Frente Favela Brasil
  19. GESTOS- Soropositividade, Comunicação e Gênero
  20. Goianas na Urna
  21. Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para Agenda 2030 – GTSC A2030
  22. Imargem
  23. Intervozes
  24. Instituto Alana
  25. Instituto Alziras
  26. Instituto Construção
  27. Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD
  28. Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano – IDSB
  29. Instituto Ethos
  30. Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial
  31. Instituto de Estudos Socioeconômicos – Inesc
  32. Instituto Democracia e Sustentabilidade – IDS
  33. Instituto Physis
  34. Instituto Sou da Paz
  35. Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC
  36. Instituto Update
  37. Instituto Vladimir Herzog
  38. Intervozes
  39. Justiça Global
  40. Livres
  41. Legisla Brasil
  42. Mapa Educação
  43. Move Social
  44. Movimento Nossa BH
  45. Movimento Acredito
  46. Ocupa Política
  47. Oxfam Brasil
  48. Pacto Organizações Regenerativas
  49. Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político
  50. Pulso Público
  51. Política! Eu me importo e Participo
  52. ponteAponte
  53. Raiz Cidadanista
  54. Rede Conhecimento Social
  55. Rede Justiça Criminal
  56. Rubens Naves, Santos Jr
  57. Szazi, Bechara, Storto, Reicher e Figueirêdo Lopes Advogados
  58. TETO Brasil
  59. Transparência Capixaba
  60. Transparência Partidária
  61. Uneafro
  62. WWF Brasil
  63. 342Artes
  64. 342Amazônia
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No se protege a la democracia cuando se la suspende de hecho

Foto: @mu.lavaca

Abong assina nota conjunta do Centro de Estudios Legales y Sociales em denúncia às violações dos direitos humanos no Chile e Equador. Confira:

No se protege a la democracia cuando se la suspende de hecho

140 organizaciones de América latina se unen para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Chile y Ecuador

Los estados de excepción, toques de queda y militarización son respuestas autoritarias que disponen la suspensión de derechos y ocasionan graves violaciones. No resuelven los conflictos sociales y ponen en riesgo décadas de construcción democrática, que buscaron desterrar justamente aquellas prácticas.

América Latina es la región más desigual del mundo, en la que las mayorías sufren de forma desproporcionada los costos de políticas que restringen el acceso a derechos y benefician a los mercados a corto, mediano o largo plazo. En estos momentos, en algunos países de la región aumenta la desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado. Además de la gravísima declaración de estados de emergencia en Ecuador y Chile, la figura sobrevuela también en otros países ante situaciones diversas.

En Ecuador, las protestas escalaron luego de que el gobierno negociara con el FMI medidas que no tuvieron ningún mecanismo de participación o consulta ciudadana, como la quita del subsidio a los combustibles, que implicaron la suba del costo de vida y el consecuente descontento social. El 4 de octubre, el presidente Lenín Moreno trasladó el gobierno de Quito a Guayaquil y anunció un estado de excepción en todo el territorio por sesenta días. Con el decreto movilizó a las Fuerzas Armadas, suspendió los derechos de libertad de asociación y reunión y limitó la libertad de tránsito las 24 horas. Las protestas siguieron durante otros diez días y la represión policial y militar dejó al menos ocho muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El nivel de conflicto cedió –por la facilitación de Naciones Unidas y de la conferencia episcopal– cuando el presidente Moreno dejó sin efecto la quita de los subsidios el pasado 13 de octubre. El 14 de octubre se levantó el estado de excepción y toque de queda, pero en los días siguientes avanzó la criminalización de dirigentes políticos y sociales con acusaciones judiciales de rebelión e insurrección, y órdenes de detención.

El 18 de octubre, el conflicto social hizo eclosión en Chile. Este país cuenta con una de las tasas más elevadas de desigualdad de la región, marcos constitucionales heredados de la dictadura militar y un índice de alrededor del 60% de abstención electoral, el más alto de América Latina. Las protestas se iniciaron contra el aumento de las tarifas del metro, lo que resonó en la acumulación de demandas sociales de amplios sectores, con masivas manifestaciones, quemas y saqueos en todo el país. Tal como en Ecuador, la respuesta del presidente Sebastián Piñera fue decretar el estado de emergencia y el toque de queda en numerosas regiones y localidades, incluida la capital. Como consecuencia, circulan tanques por la ciudad, las fuerzas armadas salieron a las calles con la atribución de realizar detenciones, en un marco de restricción de los derechos fundamentales. En este contexto de militarización se registran denuncias graves de tortura y violencia sexual en las detenciones. Al 27 de octubre, está confirmada la muerte de 19 personas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asume que al menos 5 fueron causadas por carabineros y militares. Las cifras del INDH, en constante actualización, indican que hubo 3193 detenciones –343 son niñas, niños y adolescentes– y que, entre los más de 1000 heridos registrados, al menos 570 recibieron disparos de diferentes tipos de arma.

Los estándares internacionales de derechos humanos determinan que hechos de violencia en el marco de una protesta jamás pueden invocarse para caracterizarla como violenta en su totalidad. Los contextos de protestas extendidas en general suponen situaciones de conflictividad y tensión. Se etiquetan ampliamente estas situaciones como “no pacíficas” para negar los derechos que protegen a la protesta social y a los manifestantes. La mirada totalizante sobre la protesta como violenta no debe desdibujar sus reclamos de fondo: las inequidades y carencias sociales crecientes en una región que hace décadas se esfuerza por consolidar sus democracias.

Al contrario, la fortaleza de las democracias se despliega en su posibilidad de articular y canalizar políticamente el conflicto. Asumir respuestas de excepción y suspensión de derechos para responder a la conflictividad social amenaza al Estado de derecho.

Como organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de América Latina:

Solicitamos el cese inmediato de los estados de excepción y emergencia y los toques de queda en Ecuador y Chile y el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.

Reiteramos la obligación de los Estados de investigar las muertes y otras violaciones de derechos humanos de manera pronta, efectiva e imparcial, y de no criminalizar la protesta social.

Llamamos a la OEA y a la ONU y a sus mecanismos de protección de derechos humanos a tomar una clara posición sobre la habilitación de medidas de excepción y suspensión de derechos.

Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones de otros líderes de la región respecto del posible uso de este tipo de medidas como respuesta a conflictos políticos y sociales, que terminan erosionando la legitimidad de los procesos democráticos y de los proyectos populares.

          Argentina

  1. Abogades en Cooperativa
    2. ANDHES – Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales
    3. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina – A.P.D.H
    4. Asociación de Abogados Laboralistas
    5. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
    6. Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva)
    7. Asociación de Congoleños de Argentina – ACDA
    8. Asociación Docentes Artistas Investigadores de la Universidad Nacional de las Artes
    9. Asociación Lola Mora
    10. Asociación del Personal Legislativo (APL)
    11. ATE Capital
    12.Athenea de Haras
    13. Biblioteca Popular Crisálida de género y diversidad afectivosexual de Tucumán
    14. Campaña Migrar no es Delito
    15. Catamarca contra la Tortura y la represión estatal
    16. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    17. CLADEM Argentina
    18. Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL)
    19. Colectivo YoNoFui
    20. Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz -MECoPa
    21. Colectiva Andina
    22. Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
    23. Comisión de la Memoria del Barrio de Billinghurst
    24. Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina
    25. CTA Autónoma
    26. CTA de los Trabajadores – Provincia de Buenos Aires
    27. Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba
    28. ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
    29. Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT) 30. Federación de Legislativos de Argentina (FELRA)
    31. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
    32. Frente TLGBI de la Provincia de Buenos Aires
    33. Frente Patria Migrante – Argentina
    34. Frente Popular Dario Santillan
    35. Fundación Protestante Hora de Obrar
    36. Fundación MujeresxMujeres – Tucumán
    37. Inquilinos Agrupados
    38. Intercambios Asociación Civil
    39. Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración – IARPIDI
    40. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
    41. Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
    42. Instituto de Justicia y Derechos Humanos – UNLa
    43. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia – ILSED
    44. Instituto Prisma San Martin
    45. Intersindical de DDHH de la Argentina – CGT, CTA-A y CTA-T
    46. La 49 Tucumán
    47. Las Casildas
    48. Matria, instituto sobre cuestiones de género de Tucumán
    49. Mesa Nacional por la Igualdad
    50. Migrantes x Migrantes
    51. Movimiento Migrante Plurinacional
    52. Movimiento de los Pueblos Libres Ama Yunqo
    53. Mujeres Fuertes SMA
    54. Mujeres en Movimiento San Martin
    55. Museo de la Memoria de Rosario
    56. Nuestra América Profunda
    57. OTRANS Argentina
    58. Pastoral de Migraciones SMA
    59. Plataforma de Personas que Ejercen Trabajo Sexual
    60. Pueblo en Marcha
    61. Red de Abogadas Feministas
    62. Red de Migrantes y Refugiados en Argentina
    63. Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina
    64. Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina
    65. Red Viva, asociación civil
    66. Sindicato del Personal Civil de las FFAA de la República Argentina (PECIFA)
    67. Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju RA)
    68. Suteba — Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
    69. Xumek, Asociación para la promoción y protección de los derechos humanosBrasil70. Associação Brasileira de ONGs (Abong)
    71. Associação Brasileira de Saude Mental – ABRASME
    72. Artigo 19
    73. Brigadas Populares
    74. Central de Cooperativas Unisol Brasil
    75. Coletivo A Revolta da Lâmpada
    76. Coletivo de Juventude Juntos
    77. Coletivo Somos Natureza
    78. Conectas Direitos Humanos
    79. FIAN Brasil
    80. Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
    81. Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
    82. Instituto Vladimir Herzog
    83. Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
    84. Justiça Global
    85. Movimento Bancada Ativista
    86. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)
    87. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
    88. Muitas pela Cidade que Queremos – Belo Horizonte
    89. Rede Emancipa de Educação Popular
    90. Resistencia Antifascista Joseense, São José dos Campos, SPChile91. Observatorio Ciudadano
    92. Clínica de Migrantes y Refugiados – UDP
    93. Corporación Humanas
    94. Movimiento Acción MigranteColombia95. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” CAJAR
    96. Elementa DDHH
    97. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
    98. Movimiento de Mujeres por la Paz

    Ecuador

    99. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
    100. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
    101. Corporación Humanas EcuadorEl Salvador

    102. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD Guatemala
    103. Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG).

    Honduras

    104. Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras – COFAMICENH
    105. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras

    México

    106. CAFAMI A.C.
    107. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
    108. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
    109. Elementa DDHH
    110. FIAN México

    111. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (de México)
    112. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

    Paraguay

    113. Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC)
    114. Iniciativa Amotocodie

    Perú

    115. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
    116. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
    117. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH
    118. Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – EQUIDAD
    119. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
    120. Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
    121. Paz y Esperanza

    Uruguay

    122. Asociación Civil El Abrojo
    123. Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay – CDNU

    Regionales e internacionales

    124. Articulación Feminista MARCOSUR
    125. Asociación Rumiñahui (Madrid, España)
    126. Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
    127. Bloque Latinoamericano sobre Migración
    128. Comité de América Latina y el Cribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
    129. Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y El Caribe (CONTLAC)
    130. FIAN Internacional
    131. Greenpeace (Oficina Andina)
    132. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA
    133. Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era – DAWN
    134. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
    135. Red de Género y Comercio
    136. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
    137. Robert F. Kennedy Human Rights
    138. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
    139. Tatu Latinoamericana
    140. WOLA (Washington Office on Latin America)

Centro de Estudios Legales y Sociales
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A democracia não está protegida quando está suspensa

140 organizações na América Latina se reúnem para denunciar as violações dos direitos humanos no Chile e no Equador.

Os estados de exceção, toque de recolher e militarização são respostas autoritárias que preveem a suspensão de direitos e causam graves violações. Eles não resolvem conflitos sociais e colocam em risco décadas de construção democrática, que procuravam superar exatamente essas práticas.

A América Latina é a região mais desigual do mundo, onde a maioria sofre desproporcionalmente os custos de políticas que restringem o acesso a direitos e beneficiam os mercados no curto, médio ou longo prazo. No momento, em alguns países da região, aumenta a desconfiança em relação aos partidos políticos e às instituições do Estado. Além da declaração muito grave dos estados de emergência no Equador e no Chile, há uma ameaça deste cenário em outros países por diversos motivos.

No Equador, os protestos aumentaram depois que o governo negociou com o FMI medidas que não possuíam nenhum mecanismo de participação ou consulta cidadã, como a remoção do subsídio ao combustível, o que implicou o aumento do custo de vida e o consequente descontentamento social. Em 4 de outubro, o presidente Lenín Moreno transferiu o governo de Quito para Guayaquil e anunciou um estado de emergência em todo o território por sessenta dias. Com o decreto, ele mobilizou as Forças Armadas, suspendeu os direitos de liberdade de associação e reunião e limitou a liberdade de trânsito em 24 horas. Os protestos continuaram por mais dez dias e a repressão policial e militar deixou pelo menos oito mortos, 1340 feridos e 1152 detidos, segundo dados da Ouvidoria do Equador. A gravidade do conflito diminuiu – devido à facilitação das Nações Unidas e à conferência episcopal – quando o presidente Moreno retrocedeu em relação à remoção de subsídios em 13 de outubro. Em 14 de outubro, o estado de exceção e toque de recolher foram suspensos, mas nos dias seguintes a criminalização de líderes políticos e sociais avançou com acusações judiciais de rebelião e insurreição e mandados de prisão.

Em 18 de outubro, o conflito social eclodiu no Chile. Este país possui uma das maiores taxas de desigualdade da região, marcos constitucionais herdados da ditadura militar e um índice de cerca de 60% de abstenção eleitoral, o mais alto da América Latina. Os protestos começaram contra o aumento das tarifas do metrô, que ressoou no acúmulo de demandas sociais de setores amplos, com manifestações massivas, incêndios e saques em todo o país. Como no Equador, a resposta do presidente Sebastián Piñera foi decretar estado de emergência e toque de recolher em várias regiões e localidades, incluindo a capital. Como consequência, tanques circulam por toda a cidade, as forças armadas foram às ruas com a atribuição de prender, em um cenário de restrição de direitos fundamentais. Nesse contexto de militarização, graves denúncias de tortura e violência sexual são registradas em detenções. Em 27 de outubro, a morte de 19 pessoas é confirmada e o Instituto Nacional de Direitos Humanos (NHRI) assume que pelo menos cinco foram causadas ​​por policiais e militares. Os números da NHRI, atualizados constantemente, indicam que houve 3193 detenções – 343 de crianças e adolescentes – e que, dentre as mais de 1000 lesões registradas, pelo menos 570 pessoas foram baleadas por diferentes tipos de armas.

Os padrões internacionais de direitos humanos determinam que atos de violência no contexto de um protesto nunca podem ser invocados para caracterizá-lo como violento em sua totalidade. Os contextos de protestos generalizados geralmente envolvem situações de conflito e tensão. Essas situações são amplamente rotuladas como “não pacíficas” para negar os direitos que protegem os protestos sociais e os manifestantes. A visão totalizante dos protestos como violentos não deve obscurecer suas reivindicações subjacentes: crescentes desigualdades e deficiências sociais em uma região que há décadas se esforça para consolidar suas democracias.

Pelo contrário, a força das democracias é demonstrada em sua capacidade de articular e canalizar politicamente o conflito. Assumir posições de exceção e suspensão de direitos para responder a conflitos sociais ameaça o Estado de direito.

Como organizações de direitos humanos, políticas e sociais na América Latina:

Solicitamos a cessação imediata dos estados de exceção e emergência e os toques de recolher no Equador e no Chile e a retirada das forças armadas das tarefas de segurança.

Reiteramos a obrigação dos Estados de investigar mortes e outras violações dos direitos humanos com prontidão, eficácia e imparcialidade, e não criminalizar protestos sociais.

Conclamamos à OEA e à ONU e seus mecanismos de proteção dos direitos humanos a tomar uma posição clara sobre o fortalecimento de medidas de exceção e suspensão de direitos.

Expressamos nossa preocupação com as declarações de outros líderes da região sobre o possível uso de tais medidas em resposta a conflitos políticos e sociais, que acabam corroendo a legitimidade de processos democráticos e projetos populares.

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Abong e ABM se unem em torno do MROSC para fortalecer a sociedade civil

‘A ideia é que a publicação seja disponibilizada para os mais de 2000 municípios ligados a ABM’, conta Mauri Cruz da Diretoria Executiva da Abong

Por Abong

A Associação Brasileira de ONGs (Abong) e a Associação Brasileira de Municípios (ABM), firmaram parceria para disponibilizar o “Guia MROSC para Gestoras/es Públicos” para todas/os as/os representantes dos municípios associados. “A ideia é que a publicação seja disponibilizada para os mais de 2000 municípios ligados a ABM”, conta Mauri Cruz da Diretoria Executiva da Abong.

O objetivo é fortalecer o MROSC (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) criado na Lei 13.019/2014.

Além da disponibilização do material, Mauri Cruz e Gilmar Dominici da ABM, decidiram realizar em dezembro deste ano uma Roda de Conversa com gestoras/es locais do município de São Leopoldo (RS), sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente o 17. A atividade acontecerá dentro do processo de preparação do Fórum Social das Resistências 2020.

Os ODS são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. São uma chamada universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade.

O ODS 17 (Parcerias em Prol das Metas) visa reforçar a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul, apoiando os planos nacionais para alcançar todos os objetivos. Promover o comércio internacional e ajudar os países em desenvolvimento a aumentar suas exportações, permitirão o alcance de um sistema de comércio universal de leis justas, aberto e benéfico a todas/os.

Foto: Comunicação da Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Tomada de posição da Rede de Plataformas Lusófonas de ONG[1]sobre o assassinato de Anastácio Matavel

Na passada segunda-feira, o assassinato do Diretor Executivo do Fórum de ONG Nacionais de Gaza e Presidente da Assembleia-Geral da Liga das ONG de Moçambique (JOINT) atingiu-nos com choque e indignação. À saída de uma formação de observadores eleitorais, Anastácio Matavel foi brutalmente assassinado por um grupo composto por cinco elementos, quatro dos quais entretanto identificados pelo Comando Geral da Polícia de Moçambique como agentes policiais afetos à Subunidade de Intervenção Rápida em Gaza, em serviço no Grupo de Operações Especiais (GOE). O acontecimento, que repudiamos veementemente, deixa claro que, do ponto de vista da Rede de Plataformas Lusófonas de ONG (RePLONG), a segurança dos/as ativistas da Sociedade Civil em Moçambique não está a ser assegurada. Um crime desta natureza, constitui uma forma de intimidação muito preocupante, e que revela da forma mais contundente, a situação de muitos ativistas da sociedade civil em diversas geografias.

A Sociedade Civil é essencial para a vitalidade da Democracia e para os Direitos Humanos e o seu espaço deve ser preservado e protegido. É por isso essencial continuar a denunciar casos em que são violados os Direitos Humanos e o espaço democrático. Enquanto membro da RePLONG, a Abong  em articulação com as suas congéneres prossegue o seu trabalho para que as Plataformas Lusófonas de ONG continuem a poder assumir a missão para a qual foram estabelecidas. A RePLONG apela ao Governo de Moçambique que atue no sentido de apurar todas as responsabilidades pelo sucedido e assegure que o espaço da Sociedade Civil é respeitado no seu papel de promotor dos Direitos Humanos e da Democracia e de um diálogo social eficaz. As dezenas de mortes registadas até agora durante o período eleitoral em curso elevam a urgência deste apelo. Enquanto plataformas de organizações da sociedade civil da lusofonia, entendemos ser vital reforçar na agenda do diálogo político e institucional entre os governos e organizações dos nossos países, a necessidade de assegurar a segurança daqueles/as que todos os dias trabalham por manter a Sociedade Civil viva e capaz de cumprir os seus desígnios.

São Paulo, 11 outubro 2019

Diretoria Executiva da Abong

[1] A RePLONG é constituída pelas seguintes plataformas e federações: Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – ABONG, Federação das ONG de São Tomé e Príncipe – FONG STP, Federação das ONG de Timor Leste – FONGTIL, Fórum das ONG Angolanas – FONGA, Liga de ONG em Moçambique – JOINT, Plataforma de ONG de Cabo Verde e Plataforma Portuguesa de ONGD. Para mais informações sobre a criação desta Rede: http://www.plataformaongd.pt/noticias/noticia.aspx?id=1372

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Sobre a escalada da repressão contra movimentos sociais no Equador

Abong assina nota “Sobre a escalada da repressão contra movimentos sociais no Equador”, da Aliança de Organizações para a Eficácia no Desenvolvimento da América Latina e do Caribe – AOED.

8 de outubro de 2019

Sobre a escalada da repressão contra movimentos sociais no Equador

As entidades que compõem a Aliança de Organizações para a Eficácia no Desenvolvimento da América Latina e do Caribe – AOED – repudiam fortemente os atos de violência, repressão e intimidação do governo Lenin Moreno, na República irmã do Equador, contra movimentos sociais que exercem seu direito de protestar contra as medidas de ajuste impostas pelo FMI que incluem uma redução significativa das condições de vida, reforma trabalhista e ignorância dos direitos dos trabalhadores.

Exigimos a cessação imediata da violência e do toque de recolher, o que significa a suspensão do estado de direito e o respeito pelas garantias constitucionais.

Como Aliança que promove e defende os Direitos Humanos, consideramos inaceitáveis ​​as ações violentas e excessivas das forças policiais endossadas pelo Estado. O mesmo que deve proteger os setores mais vulneráveis, opta por reprimir as comunidades indígenas e camponesas, esgotando as possibilidades de direito à soberania alimentar e a soberania alimentar, o que é agravado pela escassez de preços, principalmente a cesta básica de alimentos.

O governo atacou o legítimo direito de reunião e protesto. De acordo com a Declaração da Sociedade Civil de Belgrado (abril de 2019), apelamos às autoridades para que parem as agressões contra os defensores dos direitos humanos e supressão da participação democrática: “O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 As Nações Unidas sobre paz, justiça e instituições fortes estão fora de alcance em locais onde os espaços cívicos estão fechados, onde a sociedade civil não pode agir livremente, com uma população pobre e marginalizada, nem contribuir para a defesa de instituições responsáveis e inclusivo “.

Exigimos respeito pelos direitos das pessoas para se manifestarem pacificamente, protegendo os direitos à liberdade de expressão e opinião, à reunião pacífica e à participação em assuntos públicos, entre outros, reconhecidos no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Denunciamos a detenção ilegal de mais de 700 ativistas e manifestantes, o que demonstra a redução contínua e progressiva do espaço da sociedade civil no Equador.

Apelamos à comunidade internacional para apoiar o fim das hostilidades contra os mais vulneráveis, a libertação de detidos e incentivar o diálogo que levará o conflito a uma solução pacífica sem vítimas e da restituição imediata da democracia plena, do respeito aos direitos cidadãos e civis no Equador.

A sociedade civil está alerta e preparada para defender a democracia, esperamos que a classe política equatoriana e a comunidade internacional esteja à altura das circunstâncias.

AOED-AL

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ABONG abre vaga para estágio

Sob supervisão do coordenador da Abong, o/a estagiário/a irá atuar com atendimento das associadas, elaboração de planilhas e relatórios, organização de documentos, preenchimento de formulários internos e rotinas do escritório

Por Abong

O Escritório Nacional da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais – Abong, em São Paulo, busca um/a estagiário/a que esteja cursando gestão de políticas públicas, administração de empresas, psicologia, pedagogia, direito ou áreas correlatas de humanidades.

Indispensável:
▪ ter identidade com a Abong e o campo das OSCs de defesa de direitos;
▪ demonstrar boa redação;
▪ demonstrar boa organização;
▪ demonstrar responsabilidade;
▪ demonstrar iniciativa;
▪ conhecimento dos aplicativos e pacote office;
▪ ter disponibilidade para iniciar imediatamente;
▪ ser morador/a de São Paulo (capital e região metropolitana).

Atividades: sob supervisão do coordenador da Abong, irá atuar com atendimento das associadas, elaboração de planilhas e relatórios, organização de documentos, preenchimento de formulários internos e rotinas do escritório.

Carga horária: seis horas (preferencialmente no período da manhã)

Valor da bolsa: R$ 1.231,00 (+ VT, VR e seguro de vida)

Preencher ficha de inscrição em bit.ly/VagaEstagioAbong até o dia 25/09/2019.

Atenção: A Abong apoia ações afirmativas e para essa vaga, é desejável que seja jovem negra/o e/ou trans (travesti, mulher transexual ou homem trans).

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Nota de repúdio ao pedido de reintegração de posse do Assentamento Normandia

A ABONG vem a público manifestar repúdio ao pedido de reintegração de posse do Assentamento Normandia, município de Caruaru, em Pernambuco, que conta com uma área de 15 hectares. O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) foi o responsável por esse pedido de reintegração de posse, autorizado pelo juiz Tiago Antunes Aguiar, da 24ª Vara Federal que, em caso de sua execução, afetará diretamente o terreno e o funcionamento do Centro de Formação Paulo Freire e de agroindústrias dos assentados.

A ABONG considera o pedido de reintegração um fato grave para a democracia e, ao mesmo tempo, uma descabida e perversa demonstração de como o atual governo do país insiste em criminalizar movimentos sociais e organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos e da educação popular libertária.

Por isso, a ABONG vem defender a a permanência e o funcionamento do Centro de Formação Paulo Freire instalado no Assentamento Normandia, bem como o retorno à normalidade de suas atividades e à segurança da posse.

Atenciosamente,

ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais)

#AbongapoiaMSTCentroPauloFreireResiste
#DespejoNão

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Sociedade civil denuncia intervenção no Conselho Nacional de Direitos Humanos

Confira nota assinada pela Abong:

Entidades vêm a público repudiar mais um dos incessáveis ataques ao campo dos direitos humanos no Brasil e à sociedade civil brasileira. Na manhã do dia 27 de agosto, recebemos a grave denúncia de intervenção no Conselho Nacional de Direitos Humanos, órgão responsável por investigações sobre as violações de direitos humanos no país.

De maneira arbitrária e desrespeitando os princípios orientadores do CNDH, a Ministra Damares Alves exonerou a Coordenadora-Geral escolhida pelo órgão colegiado. A mesa diretora do CNDH denuncia, ainda, a censura no site do órgão: desde o dia 26 de agosto, está impedida de atualizar o sítio do Conselho e tornar públicas suas recomendações, decisões e resoluções.

O Conselho Nacional de Direitos Humanos foi instituído pela Lei n° 12.986, de 2 de junho de 2014, e sua atuação é orientada pelos Princípios Relativos ao Status das Instituições Nacionais de Direitos Humanos (Princípio de Paris), definidas pela ONU em 1992, e que, portanto, garante autonomia e independência administrativa ao órgão. Dentre as atividades desempenhadas pelo CNDH estão a fiscalização e o monitoramento de políticas públicas de direitos humanos e o programa nacional de direitos humanos, a articulação com entidades públicas e privadas, bem como com os Sistemas Internacional e Regional de Direitos Humanos, como a ONU, OEA e CIDH. Além disso, cabe ao Conselho opinar sobre medidas de interesse da política nacional de direitos humanos, elaborar propostas legislativas e, por fim, acompanhar processos relacionados a graves violações de direitos humanos.

O Conselho Nacional de Direitos Humanos tem o total de 22 membros. Deste número, 11 são da sociedade civil: nove representantes eleitos, um da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e um do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos estados e da União. Os outros 11 são representantes do Poder Público.

Em nota, o CNDH denuncia que está sob intervenção e sofrendo diversos ataques, como cortes orçamentários, assim como o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), criado pela Lei nº 8.242/1991.

Esta não é a primeira vez que o governo federal ataca, de maneira arbitrária, os órgãos colegiados de participação social. Em abril, o presidente assinou decreto que  extinguiu centenas de conselhos sociais, dentre eles o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e Conselho Nacional de Segurança Pública.

Outro ataque no campo da garantia de direitos e investigação de violações aconteceu em junho deste ano, quando Jair Bolsonaro, via decreto, exonerou peritos e acabou com salários do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão responsável por fiscalizar as condições de unidades penitenciárias, hospitais psiquiátricos, entre outros.

As organizações da sociedade civil que assinam esta nota endossam a denúncia feita pelo CNDH e alertam para a gravidade desta medida da ministra, que acontece um dia depois de ela atacar publicamente o Conselho Nacional de Direitos Humanos, indicando que suas manifestações sejam ignoradas, e afirmando que o órgão “está longe de se preocupar com direitos humanos”.

  • ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais
  • Ação Educativa
  • ACAT Brasil – Ação dos Cristãos para Abolição da Tortura
  • Além das Grades
  • Articulação de Mulheres Negras do Brasil – AMNB
  • Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale
  • Articulação para o Monitoramento dos DH no Brasil
  • Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia – AATR/BA
  • Associação Brasileira de Saúde Mental – ABRASME
  • Associação Juízes para Democracia – AJD
  • Campanha Nacional Pelo Direito à Educação
  • Centro de Direitos Humanos do Sapopemba
  • CENDHEC – Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social
  • Central de Cooperativas Unisol Brasil
  • Centro de Cultura Negra do Maranhão
  • Centro Dom José Brandão de Castro – CDJBC
  • Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
  • CFNTX – Centro de Formação do (a) Negra (a) da Transamazônica e Xingu
  • Círculo Palmarino
  • CLADEM Brasil – Comitê da América Latina e Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres
  • Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama | Faculdade de Direito da USP
  • Coletivo Amazônico LesBiTrans
  • Coletivo Ecoa Preta – Unifesp – BS
  • Coletivo Margarida Alves
  • Coletivo Popular Direito a Cidade, Porto Velho, Rondônia
  • Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo – CDHPF
  • Comissão Pastoral da Terra – Regional Nordeste II
  • Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos
  • Comitê Estadual da Educação e Direitos Humanos para PCD- ES
  • Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino
  • Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP
  • COMUNEMA – Coletivo de Mulheres Negras Maria-Maria
  • Conectas Direitos Humanos
  • Conselho Estadual de Defesa Direitos Humanos – TO
  • Criola
  • Defensoria Pública da União – Unidade de São Paulo
  • Fórum Ecumênico Act Brasil – Fe Act Brasil
  • Fórum Paulista de Educação de Jovens e Adultos – Fórum EJA
  • Fórum Suape – Espaço Socioambiental
  • Fundação Luterana de Diaconia – FLD
  • Gajop – Gabinete Assessoria Jurídica Organizações Populares
  • GESTOS– Soropositividade, Comunicação e Gênero
  • Grupo de Estudos e Extensão sobre Sexualidades – GSEXs
  • Ibase
  • Instituto de Acesso à Justiça – IAJ
  • Instituto Dakini
  • Instituto EQUIT – Gênero, Economia e Cidadania Global
  • Instituto Ethos
  • Intervozes
  • Justiça Global
  • Movimento de Atingidos por Barragens – MAB
  • Movimento Estadual de Direitos Humanos do Tocantins
  • Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil
  • Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH
  • Movimento Pela Soberania Popular na Mineração – MAM
  • Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST
  • Nepac – Núcleo  de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação  Coletiva
  • Plataforma Dhesca Brasil
  • Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político
  • Políticas Alternativas para o Cone Sul – PACs
  • Rede Brasileira de Conselhos – RBDC
  • Rede Democracia & Participação
  • Rede Jubileu Sul Brasil
  • Rede Justiça nos Trilhos
  • Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio
  • Rede Feminista de Saúde
  • Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares – RENAP
  • Rede Nacional da Promoção e Controle da Saúde das Lésbicas, Bissexuais e Transexuais Negras – REDE SAPATÀ
  • Rede Social de Justiça e Direitos Humanos
  • RMRB Advocacia – Advogados Ribeiro, Moraes, Rodrigues e Barbosa, especializada em
  • consultoria e prática em Direitos Humanos
  • Sociedade Maranhense de Direitos Humanos – SMDH
  • Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos – SDDH
  • Terra de Direitos
  • Unegro
  • União Nacional das Organizações Cooperativas Solidárias – UNICOPAS
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Bolsonaro não precisa das ONGs para queimar a imagem do Brasil no mundo inteiro

Os focos de incêndio em todo Brasil aumentaram 82% desde o início deste ano, para um total de 71.497 registros feitos pelo INPE, dos quais 54% ocorreram na Amazônia. Diante da escandalosa situação, Bolsonaro disse que o seu “sentimento” é de que “ONGs estão por trás” do alastramento do fogo para “enviar mensagens ao exterior”.

O aumento das queimadas não é um fato isolado. No seu curto período de governo, também cresceram o desmatamento, a invasão de parques e terras indígenas, a exploração ilegal e predatória de recursos naturais e o assassinato de lideranças de comunidades tradicionais, indígenas e ambientalistas. Ao mesmo tempo, Bolsonaro desmontou e desmoralizou a fiscalização ambiental, deu inúmeras declarações de incentivo à ocupação predatória da Amazônia e de criminalização dos que defendem a sua conservação.

O aumento do desmatamento e das queimadas representa, também, o aumento das emissões brasileiras de gases do efeito estufa, distanciando o país do cumprimento das metas assumidas no Acordo de Paris. Enquanto o governo justifica a flexibilização das políticas ambientais como necessárias para a melhoria da economia, a realidade é que enquanto as emissões explodem, o aumento do PIB se aproxima do zero.

O Presidente deve agir com responsabilidade e provar o que diz, ao invés de fazer ilações irresponsáveis e inconsequentes, repetindo a tentativa de criminalizar as organizações, manipulando a opinião pública contra o trabalho realizado pela sociedade civil.

Bolsonaro não precisa das ONGs para queimar a imagem do Brasil no mundo inteiro.

Brasil, 21 de agosto de 2019

Assinam:

Associação Brasileira de ONGs, ABONG;
Ação Educativa;
Alternativas Para Pequena Agricultura no Tocantins, APATO;
Amigos da Terra – Amazônia Brasileira;
Angá;
Araçá-piranga;
Articulação Antinuclear Brasileira;
Articulação do Semiárido Brasileiro, ASA;
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB;
Articulação Nacional de Agroecologia, ANA;
Associação Ecológica Canela Planalto das Araucárias, ASSECAN;
Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente, APEDEMA;
Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia, AGENDHA;
Associação Agroecológica Tijupá;
Associação Alternativa Terrazul;
Associação Ambientalista Copaíba;
Associação Ambientalista Floresta em Pé, AAFEP;
Associação Amigos do Meio Ambiente, AMA;
Associação Arara do Igarapé Humaitá, AAIH;
Associação Brasileira de Homeopatia Popular Comunitária, ABHP
Associação Civil Alternativa Terrazul;
Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta;
Associação Guajiru;
Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária, AMAR;
Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, AQUASIS;
Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí;
Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, APREMAVI;
Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte, APROMAC;
Associação de Saúde Ambiental, TOXISPHERA;
Associação Defensores da Terra;
Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre, AMAAIAC;
Associação em Defesa do rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar, APOENA;
Associação Flora Brasil;
Associação MarBrasil;
Associação Mico-Leão-Dourado;
Associação Mineira de Defesa do Ambiente, AMDA;
Associação Paraense de Apoio as Comunidades Carentes (Rede Jirau de Agroecologia)
Associação Purna Ananda Ashram – Ecovila Integral;
Associação Barraca da Amizade;
Associação Unidade e Cooperação para o Desenvolvimento dos Povos
Central Única dos Trabalhadores, CUT;
Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental, CEDEA;
Centro Artístico Cultural Belém Amazônia (ONG Rádio Margarida);
Centro das Mulheres do Cabo;
Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, CAPA / FLD;
Centro de Assessoria Multiprofissional, CAMP;
Centro de Criação de Imagem Popular, CECIP;
Centro de Cultura Luiz Freire;
Centro de defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis;
Centro de Educação e Cultura Popular, CECUP;
Centro de Estudos Ambientais, CEA;
Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste;
Centro de Trabalho Indigenista, CTI;
Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Cfemea;
Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro Brasileiro;
Centro Nordestino de Medicina Popular;
Centro Popular Da Mulher, UBM;
Centro Santo Dias de Direitos Humanos;
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CENPEC;
Centro de Educação e Assessoria Popular, CEDAP;
CIDADANIA;
CIPÓ – Comunicação Interativa;
Crescente Fértil;
Cidade Escola Aprendiz;
Coletivo BANQUETAÇO;
Coletivo Delibera Brasil;
Coletivo do Fórum Social das Resistências de Porto Alegre;
Coletivo Popular Direito à Cidade;
Coletivo Popular Direito à Cidade;
Coletivo Socioambiental de Marilia;
Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, CDHPF;
Comissão Pró-Índio do Acre, CPI-Acre;
Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino;
CONAM – Confederação Nacional das Associações de Moradores;
Conselho de Missão entre Povos Indígenas, COMIN / FLD;
Conselho Indigenista Missionário, CIMI;
Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB;
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC;
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB;
Coordenadoria Ecumênica de Serviço, CESE;
Ecologia & Ação, ECOA;
Ecossistemas Costeiros, APREC;
Elo Ligação e Organização;
EQUIP;
Escola de Formação Quilombo dos Palmares;
Espaço de Formação, Assessoria e Documentação;
FADS – Frente Ampla Democrática Socioambiental;
FASE Bahia;
FEACT Brasil (representando 23 organizações nacionais baseadas na fé);
Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo – FACESP
Federação de Órgãos para Assistencial Social e Educacional, FASE;
FICAS;
Fórum Baiano de Economia Solidária;
Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, FBOMS;
Fórum Carajás;
Fórum da Amazônia Oriental, FAOR;
Fórum de Direitos Humanos e da Terra;
Fórum de ONGs Ambientalistas do Distrito Federal;
Fórum de ONGs/Aids do Estado de São Paulo, FOAESP;
Fórum Ecumênico ACT Brasil;
Fórum Resiste Brasil-Berlin;
Fórum Social da Panamazônia;
Fundação Amazonas Sustentável
Fundação Avina;
Fundação Luterana de Diaconia, FLD;
Fundação Vitória Amazônica, FVA;
GEEP – Açungui;
Geledes Instituto da Mulher Negra;
Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero;
Grito dos Excluídos/as Continental;
Grupo Ambientalista da Bahia, GAMBA;
Grupo Carta de Belém;
Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná;
Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para Agenda 2030;
Grupo de Mulheres Brasileiras, GMB;
Grupo Ecológico Rio de Contas, GERC;
GTP+ Grupo de Trabalhos e Prevenção Posithivo; GTP+;
Centro Sabiá;
Habitat para Humanidade Brasil;
Hivos – Organização Humanista para Mudança Social;
Iniciativa Verde;
Instituto AUÁ;
Instituto Alana
Instituto Augusto Carneiro;
Instituto Bem Ambiental, IBAM;
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, IBASE;
Instituto Centro Vida, ICV;
Instituto os Guardiões da Natureza, ING;
Instituto de Estudos Ambientais – Mater Natura;
Instituto de Estudos Jurídicos de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, IDhES;
Instituto de Estudos Socioeconômicos, Inesc;
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, Iepé;
Instituto de Pesquisas Ecológicas, IPÊ;
Instituto Ecoar;
Instituto EQUIT – Gênero, Economia e Cidadania Global;
Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental;
Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB;
Instituto MIRA-SERRA;
Instituto PACS – Políticas Alternativas para o Cone Sul;
Instituto Paulo Freire;
Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos;
Instituto Pólis;
Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN;
Instituto Socioambiental, ISA;
Instituto Universidade Popular, UNIPOP;
Iser Assessoria;
Justiça nos Trilhos;
Liga Brasileira de Lésbicas, LBL;
Marcha Mundial Por Justiça Climática / Marcha Mundial do Clima;
Movimento de Mulheres Campo e Cidade; MMCC
MIRIM Brasil;
Movimento de Defesa de Porto Seguro, MDPS;
Movimento dos Trabalhadores/as Rurais sem Terra, MST;
Movimento Nacional das Cidadãs PositHIVas de São Paulo;
Movimento Nacional de Direitos Humanos, MNDH;
Movimento Paulo Jackson – Ética, Justiça e Cidadania;
Movimento Roessler;
Movimento Sociedade Organizada em Saúde – MSOS
Movimento SOS Natureza de Luiz Correia;
Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, NEPAC UNICAMP;
Núcleo Sócio Ambiental Arará-piranga;
Observatório de Justiça e Conservação;
Observatório do Clima;
OekoBr;
Operação Amazônia Nativa, OPAN;
Organização dos Professores Indígenas do Acre, OPIAC;
Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública de Rondônia;
Pacto Organizações Regenerativas;
Pastoral da Educação do Regional Sul1 da CNBB;
Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de SP;
Plataforma DHESCA Brasil;
Plataforma Mrosc;
ProAnima – Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal;
Processo de Articulação e Diálogo, PAD;
Projeto Saúde e Alegria;
Proteção à Fauna e Monitoramento Ambiental, PROFAUNA;
Proteção Animal Mundial;
Rede Ambiental do Piauí, REAPI;
Rede Brasileira De Justiça Ambiental;
Rede Conhecimento Social;
Rede de Cooperação Amazônia, RCA;
Rede de ONGs da Mata Atlântica, RMA;
Rede de ONGs da Mata Atlântica;
Rede de Travestis, Transexuais e Homens Trans Vivendo e Convivendo como HIV e AIDS;
Rede Feminista de Juristas, deFEMde;
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, RNP+BRASIL;
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS do Estado de São Paulo, RNP+SP;
SAPÊ (Sociedade Angrense de Proteção Ecológica);
SAPI – Sociedade Amigos por Itaúna;
Sempreviva Organização Feminista, SOF;
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE);
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS;
Sociedade Paraense de Direitos Humanos;
SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia;
Terra de Direitos;
TERRA VIVA – Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Extremo Sul da Bahia;
União Nacional dos Estudantes, UNE;
União Protetora do Ambiente Natural, UPAN;
Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Vida Brasil;

 

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Confira versões em inglês, espanhol e francês da nota:

Bolsonaro doesn’t need NGOs to burn Brazil’s image around the world

Fire outbreaks throughout Brazil have increased by 82% since the beginning of this year, to a total record of 71,497, according to the National Institute of Space Research (INPE), of which 54% occurred in the Amazon. Faced with the scandalous situation, Bolsonaro said his “feeling” is that “NGOs are behind” the spread of fire to “send messages abroad”.

The increase in burning is not an isolated fact. In his short period of rule, deforestation, invasion of parks and indigenous lands, illegal and predatory exploitation of natural resources and the and the assassination of traditional, indigenous and environmentalist community leaders have also grown. At the same time, Bolsonaro dismantled and demoralized environmental supervision, gave numerous statements of encouragement to the predatory occupation of the Amazon and criminalization of those who defend its conservation.

The increase in deforestation and burning also represents an increase in Brazilian greenhouse gas emissions, distancing the country from meeting the Paris Agreement targets. While the government justifies easing environmental policies as necessary for economic improvement, the reality is that as emissions explode, GDP rise approaches zero.

The President must act responsibly and prove what he says, instead of making reckless and inconsequential conclusions, repeating the attempt to criminalize organizations, manipulating public opinion against the work done by civil society.

Bolsonaro doesn’t need NGOs to burn Brazil’s image worldwide.

Bolsonaro no necesita de las ONGs para quemar la imagen de Brasil en todo el mundo

Los brotes de incendios en todo Brasil han aumentado en un 82% desde el comienzo de este año, a un total de 71,497 según los registros del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), de los cuales el 54% ocurrieron en la Amazonía. Ante la situación escandalosa, Bolsonaro dijo que su “sentimiento” es que “las ONGs están detrás” de la propagación del fuego para “enviar mensajes al extranjero”.

El aumento de la quema no es un hecho aislado. En su corta tenencia, la deforestación, la invasión de parques y tierras indígenas, la explotación ilegal y depredadora de los recursos naturales y el asesinato de líderes de comunidades tradicionales, indígenas y ambientalistas también han crecido. Al mismo tiempo, Bolsonaro desmanteló y desmoralizó la supervisión ambiental, dio numerosas declaraciones de aliento a la ocupación depredadora de la Amazonía y la criminalización de quienes defienden su conservación.

El aumento de la deforestación y la quema también representa un aumento en las emisiones brasileñas de gases de efecto invernadero, distanciando al país del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Mientras el gobierno justifica la flexibilización de las políticas ambientales como una necesidad para mejorar la economía, la realidad es que a medida que las emisiones explotan, el crecimiento del PIB se acerca a cero.

El Presidente debe actuar responsablemente y demostrar lo que dice, en lugar de sacar conclusiones imprudentes e intrascendentes, repitiendo el intento de criminalizar a las organizaciones, manipulando la opinión pública contra el trabajo realizado por la sociedad civil.

Bolsonaro no necesita de las ONGs para quemar la imagen de Brasil en todo el mundo.

Bolsonaro n’a pas besoin des ONG pour brûler l’image du Brésil dans le monde entier

Les foyers d’incendie dans tout le Brésil ont augmenté de 82 % depuis le début de l’année, pour un total de 71.497 registres établis par l’Institut National de Recherches Spatiales (INPE), dont 54 % se trouvent en Amazonie. Face à cette situation scandaleuse, [le président] Bolsonaro a dit que son « sentiment » est que « les ONG sont derrière ces faits » d’expansion des feux de forêt pour « envoyer des messages à l’étranger ».

L’augmentation des incendies n’est pas un fait isolé. Dans la courte période de son gouvernement, le déboisement a aussi augmenté, ainsi que l’invasion d’aires naturelles et de terres indigènes, l’exploitation illégale et prédatrice des ressources naturelles et l’assassinat de leaders communautaires traditionnels, indigènes et défenseurs de l’environnement. En même temps, Bolsonaro a démantelé et démoralisé les agences de protection de l’environnement, a donné d’innombrables déclarations de soutien à l’occupation prédatrice de l’Amazonie et de criminalisation de ceux qui défendent sa conservation.

L’augmentation de la déforestation et des feux de forêt représente aussi l’augmentation des émissions brésiliennes de gaz à effet de serre, éloignant le pays de l’accomplissement des objectifs fixés dans l’Accord de Paris. Tandis que le gouvernement justifie la flexibilisation des politiques environnementales comme nécessaires pour l’amélioration de l’économie, la réalité est toute autre : les émissions explosent, tandis que l’augmentation du PIB reste proche de zéro.

Le Président doit agir avec responsabilité et prouver ce qu’il dit, au lieu de faire des allégations irresponsables et inconséquentes, en multipliant les tentatives de criminaliser les organisations, en manipulant l’opinion publique contre le travail réalisé par la société civile.

Bolsonaro n’a pas besoin des ONG pour brûler l’image du Brésil dans le monde entier.

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Brasil em alerta: movimentos sociais pedem anulação das eleições

Abong assina nota a favor da cassação da chapa do presidente Bolsonaro

“A escalada arriscada de posições e atitudes assumidas pela presidência da República nas últimas semanas, aliada à revelação de uma rede de corrupção e fraudes envolvendo membros do Judiciário, fez acender, até em quem outrora apoiou o projeto político de Jair Bolsonaro, uma luz de alerta quanto aos caminhos que estão sendo trilhados pelo país”. Assim começa a nota escrita por movimentos sociais pedindo a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro.

“Se o impeachment não é um caminho a se considerar, há um outro bastante razoável: o julgamento de diversas ações ainda do processo eleitoral, especialmente as que versam sobre abuso do poder econômico que poderiam resultar na cassação da chapa, considerando que a chapa é una e indivisível – o que provocaria a posse temporária do presidente da Câmara”, continua o posicionamento, que é assinado pela Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político.

Leia a íntegra:

Posicionamento da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político diante da conjuntura atual

A escalada arriscada de posições e atitudes assumidas pela presidência da República nas últimas semanas, aliada à revelação de uma rede de corrupção e fraudes envolvendo membros do Judiciário, fez acender, até em quem outrora apoiou o projeto político de Jair Bolsonaro, uma luz de alerta quanto aos caminhos que estão sendo trilhados pelo país.

Ante a gravidade das denúncias que envolvem os procedimentos adotados por promotores e juízes à frente da Operação Lava Jato, os tradicionais aliados da mídia hegemônica, alguns militares e representantes do sistema financeiro entraram em ação para desacreditar os diálogos revelados. Estes apontam evidências de que a Lava Jato não respeitou o sistema legal brasileiro, violando a Constituição, o Código da Magistratura e o Código da Lei Penal. A seriedade destas denúncias exige uma resposta efetiva do Estado à sociedade brasileira.

Nas redes sociais e em debates, algumas pessoas começaram a levantar a possibilidade de impedimento do presidente por crimes de responsabilidade. Também no âmbito da Plataforma dos Movimentos Sociais Pela Reforma do Sistema Político refletimos sobre esta alternativa.

Compreendemos que o impedimento do presidente Jair Bolsonaro não resolve o sério processo de fragilização do sistema democrático, aprofundado nos últimos anos. É necessário analisar o papel do presidente Jair Bolsonaro em um contexto maior de disputas geopolíticas e de uma agressiva política de implementação de um projeto ultraneoliberal. Isso significa que o impedimento não resolve as questões estruturais que ameaçam a nossa soberania e democracia. A saída de Jair Bolsonaro apenas viabilizaria que seu lugar fosse ocupado por alguém um pouco mais cauteloso nos pronunciamentos públicos e no respeito aos ritos do cargo.

Não é de agora que as limitações do sistema político se manifestam em nosso país, e entendemos que qualquer saída efetiva só se dará em médio/longo prazo, por envolver rupturas profundas com nosso passado colonialista e autoritário. Sem ampliarmos a participação da sociedade nos processos decisórios, inclusive com a conquista de representação plurirracial e pluriétnica nas instâncias políticas, a democracia não se consolida.

Contudo, avaliamos que, paralelamente à construção cotidiana de novos paradigmas de democracia, é também preciso responder ao cenário preocupante que se apresenta. Não podemos assistir placidamente ao processo em curso de ameaça à soberania do país, ao total desmonte das políticas socioambientais, à retirada de mais direitos, além de episódios cada vez mais frequentes de recrudescimento da violência contra as chamadas minorias e ataques constantes do Estado à liberdade de expressão.

As eleições de 2018, segundo a revelação das mensagens secretas feitas pelo The Intercept Brasil, foram fraudadas: o candidato com mais chance de ganhar foi afastado por um processo eivado de irregularidades, sem provas, pelo qual foi condenado e preso. A operação Lava Jato, longe de ser uma iniciativa para acabar com a corrupção no Brasil, perseguiu o PT e suas lideranças, em articulação com a grande mídia, criando a narrativa da “maior história de corrupção do país”. Foi a base para a campanha pelo impedimento da presidenta Dilma e a condenação de Lula.

Se o impeachment não é um caminho a se considerar, há um outro bastante razoável: o julgamento de diversas ações ainda do processo eleitoral, especialmente as que versam sobre abuso do poder econômico que poderiam resultar na cassação da chapa, considerando que a chapa é una e indivisível – o que provocaria a posse temporária do presidente da Câmara e novas eleições seriam convocadas, se isto ocorrer ainda antes do cumprimento de dois anos de mandato. Estes processos são AIJEs, Ações de Investigação Judicial Eleitoral, e dependem, portanto, de investigação. Matéria recente do jornal a Folha de S. Paulo relata que eles se encontram parados, enquanto outros mais recentes já andaram rapidamente.

Isto, porém, depende da celeridade da Justiça Eleitoral, que ainda vem julgando prefeitos eleitos em 2016 e não pode fugir de suas responsabilidades com os destinos do país, diante de tantos abusos e irregularidades, cassando a chapa como um todo e convocando novas eleições. Com a palavra, portanto, a Justiça Eleitoral. Para além disso, como acreditamos que um mandato não pertence apenas a quem foi eleito ou mesmo a quem o elegeu, mas a todos os eleitores, pensamos que possam ser adotados mecanismos como recall ou mandatos revogatórios: os eleitores podem tirar o eleito se não cumprir o prometido ou cometer atrocidades com o mandato.

Nós cobraremos e pressionaremos para que o país retome os seus rumos e se livre de qualquer viés autoritário que ameace o nosso ainda frágil Estado Democrático de Direito, e que a nossa democracia seja de fato construída livremente pelo povo!

 

Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político

 

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